El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con alarma la noticia de que el gobierno, lejos de dar marcha atrás respecto a la imputación penal a personas jurídicas, introducida por el anterior ejecutivo, va a extenderla a dos tipos más de persona jurídica: partidos políticos y sindicatos. El P-LIB prefiere que partidos y sindicatos carezcan de privilegios y por ello comparte que, si se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ésta las alcance a todas. Sin embargo, lo grave y alarmante de la nueva medida es que blinda la distorsión del Derecho adoptada por la España de Zapatero y por muy pocos países más, al afianzar en nuestro ordenamiento ese concepto absurdo y antijurídico de la responsabilidad penal y la consiguiente imputabilidad de las personas jurídicas.
Los liberales sostenemos que los delitos los cometen seres humanos, no empresas ni asociaciones, ni confesiones religiosas, ni sindicatos, ni patronales ni partidos. Este invento reciente de la responsabilidad penal corporativa responde a la obsesión de control estatal de cuanto sucede en la sociedad civil. Es un experimento tan absurdo como peligroso. Las consecuencias de la posible condena penal a una sociedad u otra persona jurídica de cualquier naturaleza alcanzan a su disolución formal o a niveles equivalentes de entorpecimiento de su acción, provocando por lo tanto grave quebranto económico e inmaterial a todo tipo de personas ajenas al delito cometido.
Hay que recordar que el daño a proveedores, clientes y empleados de la entidad condenada penalmente puede ser gravísimo e injusto de todo punto, pues esas personas y empresas no tienen porqué sufrir las consecuencias de la aplicación de la pena, que debe recaer, en su caso sobre los administradores que hayan delinquido, pero no sobre la sociedad u organización como tal. Además, esta nueva arma jurídica en manos de los políticos les permitirá deshacerse con mayor facilidad de cualquier empresa, partido u otra organización que moleste al establishment político-corporativo.
Los liberales denunciamos que una vez más el PP deja meridianamente clara su apuesta por convalidar los atropellos del anterior gobierno a la libertad y a los derechos civiles, llevándolos aún más allá y completándolos con su propia y abundante aportación de nuevos atropellos. No contento con la infame y liberticida reforma del Código Penal ni con la obstaculización de todo recurso contra las administraciones públicas mediante cuantiosas tasas judiciales, el PP ha asestado ahora, al mantener y extender la imputabilidad de personas jurídicas, un nuevo golpe a la justicia y a la libertad.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha afirmado que «perseguir penalmente a una persona jurídica es tan ridículo como arrestar a la cabra de la Legión» y que «es lamentable que el PP, en su deriva socialdemócrata, haya decidido hacerse corresponsable de esta ley que menoscaba la libertad y el Derecho, como ya lo hizo con la ley Sinde-Wert y otras muchas», concluyendo que «parece claro el empeño del PP por continuar el camino trazado por Zapatero, empeño que no se limita sólo a la economía», por lo que «a este paso terminarán por hacerle afiliado de honor y ponerle una placa en Génova, 13».
