El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación por el borrador que maneja el gobierno para la reforma del canon digital y de la propiedad intelectual online. El texto que baraja el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, prevé reformar el artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual para cerrar sitios web entre seis y doce meses e imponerles sanciones de hasta 150.000 euros sin mediar juez ni tribunal alguno. Lassalle —el principal enemigo de la libertad online en el actual gobierno— ni siquiera establece una comisión para el cierre de webs (como hacía la ley Sinde) sino que atribuye esa función directamente a su Secretaría de Estado. Es decir, se arroga el derecho de cerrar él los sitios web que considere oportuno. Por otra parte, la propuesta de reforma establece serias restricciones a la copia privada de archivos digitales. El gobierno pretende además que el canon digital, eliminado hace menos de un año, pase a ser pagado vía impuestos por todos los contribuyentes.
El P-LIB deplora y condena esta nueva andanada del gobierno del PP contra la libertad en Internet, dirigida por quien ya desde la Oposición apuntaba maneras como un discípulo aventajado de Ángeles González-Sinde. El tiempo nos ha dado la razón a cuantos pensábamos que José María Lassalle iba a profundizar aún más en el liberticidio digital del anterior gobierno. Los liberales consideramos que quien demuestra tanto desprecio por la libertad de sus conciudadanos no es digno de dirigir la política cultural, y por eso hoy pedimos públicamente su cese.
Los liberales consideramos intolerable —y muy probablemente inconstitucional— la eliminación de la tutela judicial efectiva en un ámbito que afecta, además, a libertades fundamentales e inalienables como son las de expresión y comunicación. Que el gobierno se permita siquiera considerarlo es motivo de alarma y pone de manifiesto la clase de gobernantes que tenemos. Alentamos a la comunidad de desarrolladores informáticos a seguir aportando a los internautas herramientas y soluciones que vayan por delante de la insoportable acción censora y represiva de los Estados.
Diego Ruiz, Secretario de Relaciones Institucionales del P-LIB, ha declarado hoy que «muchos empresarios se van a ver afectados por estas medidas», asegurando que «el control estatal de internet desincentivará las inversiones en nuevas empresas, de manera que el talento empresarial elegirá otros países más amistosos». Ruiz ha afirmado que nuestros gobernantes responden al patrón de «mediocres burócratas de la vieja escuela, anclados en una mentalidad del siglo XX, con una concepción arcaica del Estado y de la economía, que siguen empeñados en un modelo económico fundamentado en los sectores tradicionales y en el clientelismo, articulado en grupos de poder empresarial afines a su color político», y que por ello «los liberales sufrimos ante la falta de preparación de este torpe gobierno para asumir los retos de una evolución tecnológica y cultural que ni comprende ni se molesta en comprender«.
El P-LIB considera que, tras la fortísima subida del IVA hasta niveles confiscatorios, incorporar en el precio de determinados productos un canon a beneficio de las entidades de gestión es un ataque frontal a los consumidores. En estas circunstancias, es comprensible que los comerciantes y sus clientes recurran a cualquier tipo de alternativas.
Por otro lado, llama la atención que el gobierno se disponga a reformar las normas vigentes para poder intervenir y controlar la SGAE, terreno ideológico contrario al PP, en lugar de, sencillamente, eliminar las prerrogativas de esa organización. La asociación o no de los autores a este tipo de entidades debe ser libre, y las organizaciones de autores deben carecer de todo tipo de privilegios legales. Los liberales denunciamos que el PP intenta tomar la SGAE para gestionarla él, con los beneficios que ello conlleva, en lugar de relegarla al papel que debería corresponderle como una asociación más.
