El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) madrileño celebró anoche una charla-coloquio sobre las nuevas tasas judiciales, a cargo del abogado Javier Rodríguez, miembro de la Comisión Ejecutiva del partido en la Comunidad de Madrid. En su exposición, Rodríguez puso de manifiesto las situaciones absurdas y aberrantes que provoca la nueva disposición, ya que en muchos casos reclamar judicialmente costará más que el importe reclamado, o bien la tasa a pagar será prohibitiva para la mayor parte de los posibles demandantes. Para Rodríguez, que se preguntó si el Estado puede imponer y aumentar ilimitadamente tasas de cualquier tipo, «no acaban las artimañas estatales para expoliarnos». Entre las consecuencias probables del «tasazo», el dirigente liberal madrileño alertó sobre la generación de escasez en el ámbito de la Justicia. Esta generación de escasez es habitual en todos los ámbitos que el Estado se arroga con carácter exclusivo.
Durante el coloquio, los asistentes suscitaron numerosas cuestiones que debatieron con el conferenciante. Entre ellas, la desesperación económica del Estado ante su probable quiebra inminente, que le está llevando a adoptar todo tipo de medidas recaudatorias extremas, en los ámbitos más insospechados y sin medir realmente las consecuencias. Esto crea situaciones tan ridículas como que cueste más la tasa para recurrir una sanción errónea que el monto de la propia sanción. Rodríguez recordó que la tasa judicial no forma parte de las costas procesales y que, por lo tanto, en principio no es recuperable ni siquiera ganando el pleito.
Otra de las cuestiones comentadas en el coloquio fue el preocupante blindaje de las administraciones públicas en la jurisdicción contencioso-administrativa. Con estas nuevas tasas, los ciudadanos tendrán que pagar cantidades frecuentemente muy elevadas para recurrir los actos cada vez más arbitrarios e injustos de ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios.
El P-LIB continuará trabajando por la abolición de las tasas judiciales introducidas por Ruiz-Gallardón, y simultáneamente por el impulso a alternativas privadas que reduzcan la litigiosidad y el tráfico jurídico, principalmente el arbitraje en materia civil y mercantil. Hay que recordar que toda tasa es un copago (en realidad, un «repago»), ya que los ciudadanos que deben afrontar la tasa llevan años pagando unos impuestos muy elevados. Esos impuestos no se han reducido a cambio de la introducción de tasas, ni existe previsión alguna de que eso vaya a suceder. Los liberales podemos admitir que los servicios públicos (aquellos que no puedan privatizarse) se paguen mediante tasa, que es el equivalente estatal a un precio, pero ello sólo será legítimo en un sistema de impuestos mínimos, no con una carga tributaria que el PP ha situado entre las más elevadas del mundo.
