El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia la extrema parcialidad y la politización total del Tribunal de Cuentas, un organismo de control que no controla porque sus integrantes responden de forma directa a nombramientos realizados a propuesta del PP y del PSOE. La gran mayoría de los vocales están claramente vinculados al PP, incluyendo al hermano del ex Presidente Aznar o a la ex ministra Margarita Mariscal de Gante. Los pocos que no están vinculados al PP lo están al PSOE. Este organismo es el encargado, entre otras cosas, de controlar la financiación de los partidos políticos, ya que en un 80 % procede del erario público (salvo en el caso del P-LIB, único partido que rechaza estatutariamente la financiación pública). Es obvio por qué los últimos informes del Tribunal de Cuentas en esta materia son de hace cinco o seis años. Es obvio por qué este organismo no controla a los partidos: porque está integrado por representantes directos de las dos grandes formaciones políticas españolas. El Tribunal de Cuentas, que depende orgánicamente de las Cortes Generales, se ha convertido en un organismo bajo sospecha que parece servir como baluarte del sistema para tapar la profunda corrupción que ya es consustancial a su misma naturaleza.
Los liberales proponemos la disolución del actual Tribunal de Cuentas por su inoperancia y por su connivencia con el establishment político. Es necesario trasladar inicialmente sus competencias a otros organismos, preferiblemente aquellos que no estén compuestos por personas nombradas a propuesta de los grupos parlamentarios, y reflexionar sobre su definitiva sustitución por otro tipo de órganos, incluyendo en lo posible a la Administración de Justicia.
