El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) en la Comunidad de Madrid manifiesta su firme condena al Plan de Incentivación de Empleo de la Comunidad de Madrid, que incentivará a las empresas de la región con mil euros por cada contrato indefinido a tiempo parcial que se firme con un desempleado mayor de cuarenta y cinco años, y con quinientos euros anuales por cada nuevo contrato de prácticas para jóvenes. Ahondando en la cultura de la subvención y del amiguismo, tan impregnada en nuestra región por los sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP), la administración regional se dispone ahora a crear una clase de parados superior a las demás. Este Plan no hará sino incrementar los efectos de las limitaciones gubernamentales impuestas sobre el libre mercado, ya que interviene en la libre competición a la hora de acceder a puestos de trabajo y condena a todos los menores de cuarenta y cinco años. Teniendo en cuenta que la capacidad para ahorrar crece con la edad (ya que con la edad también crecen los ingresos) y que vivimos en un país con un 60% de paro juvenil, en el que el éxodo de los jóvenes al extranjero crece todos los días, este Plan de la Comunidad de Madrid sólo fomentará que los jóvenes más competentes abandonen la región.
La pérdida del mejor capital humano y los castigos económicos que dicha pérdida generará en el futuro parecen no importarle al gobierno regional, que gastará la friolera de ciento cincuenta millones de euros del contribuyente en llevar a cabo el Plan, el cuál también incluye provisiones para que tanto las oficinas públicas de empleo como las agencias privadas de recursos humanos colaboren en la alienación de los jóvenes. Lo irónico del asunto es que una parte significativa de esos ciento cincuenta millones de euros proviene de los bolsillos de los propios jóvenes.
Pero el intervencionismo anti-juvenil no termina ahí. Por si fuera poco, el gobierno regional incentivará a los empresarios a ofrecer contratos de prácticas en vez de contratos de trabajo a los jóvenes, siempre y cuando éstos cuenten con formación académica reciente. Esto, a su vez, discrimina a los jóvenes sin formación o con formación menos reciente, los cuales también contribuyen a generar los ciento cincuenta millones que cuesta el Plan. Esto reduce la capacidad de los jóvenes para emanciparse.
Una buena parte del dinero del Plan se destinará a ofrecer microcréditos a emprendedores. Dichos créditos serán gestionados por La Caixa, que como toda caja de ahorros tiene representación gubernamental en su seno, y que por lo tanto sufre influencias colectivistas a la hora de tomar decisiones. La Caixa, que no tiene ánimo de lucro, en esta ocasión no gestionará fondos propios, por lo que carece de motivaciones para recuperar la inversión. Este hecho queda demostrado al darse a conocer que no se pedirán avales a los emprendedores, así que, como dice Juan María Nin, director general de la entidad financiera, “si un crédito sale mal, se anota en pérdidas.” Y punto. Es decir: con este Plan los emprendedores pueden tomar fácilmente el dinero de sus conciudadanos, lo cual, a su vez, debilita su motivación a la hora de invertir los microcréditos de la forma que garantice los mejores retornos.
Siguiendo la lógica colectivista, los candidatos a recibir los microcréditos deben cumplir una serie de requisitos, como tener una empresa con menos de diez empleados y una facturación anual no superior a medio millón de euros. Esto genera dos clases de emprendedores: los elegibles y los no elegibles. La clase de la que puede formar parte un emprendedor no depende ni de la viabilidad de su negocio, ni de la formación de los gestores del negocio, ni de ningún otro factor que ayude a medir la competitividad del negocio: depende solamente de unos requisitos decididos arbitrariamente por un gobierno regional que no tiene ninguna motivación para recuperar la inversión.
César Balmaseda, miembro de la Comisión Ejecutiva del P-LIB madrileño, ha declarado que «si el gobierno que preside Ignacio González de verdad quiere ayudar a los parados y a los emprendedores de la región, que deje esos ciento cincuenta millones de euros en los bolsillos de los madrileños e introduzca medidas que no discriminen a nadie y que no cuesten ni un solo euro». Entre tales medidas, Balmaseda esboza las siguientes:
- Liberalización del mercado laboral para que empresas y emprendedores puedan contratar sin miedo a sufrir las consecuencias de cualquier despido eventual
- Liberalización de uso del suelo de la Comunidad de Madrid, para que cualquier actividad empresarial pueda desarrollarse en prácticamente cualquier zona de la región
- Eliminación de obstáculos burocráticos que dificultan la creación de negocios.
- Reducción de tasas e impuestos a las sociedades mercantiles.
- Eliminación de la colegiación obligatoria para acceder a numerosas profesiones.
