El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Andalucía considera pavoroso y totalitario el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que una vez publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma, ha entrado en vigor y nos conduce ya al socialismo más ortodoxo. Uno de los aspectos particularmente alarmantes del decreto es permitir a los ayuntamientos un recargo de hasta el 50% en el IBI a quienes dispongan de una vivienda en propiedad que, según la Administración, no haya sido ocupada durante los últimos ciento ochenta días. Ya de entrada, lo insólito es que la Junta de Andalucía carece de esa competencia, regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (vigente hasta el 22 de Julio de 2014). De ahí que cada ayuntamiento, por más que se empeñe la Junta, para aplicar dicho recargo tendrá que modificar la ordenanza fiscal.
El P-LIB denuncia que, comenzando por su agresiva denominación, el tono general del decreto, y en particular su exposición de motivos, es inquietante y propagandístico, con un sesgo ideológico retorcido e insoportable. Por ejemplo, se permite el lujo de definir en su artículo 25 qué es una vivienda deshabitada, y en su artículo 26 de hablar de «indicios de no habitación», entre los que incluye un consumo anormalmente bajo de agua, electricidad y gas. Pero lo que resulta ya del todo inaudito es que el decreto incluya en su página 86 un anexo que especifica detalladamente cuántos metros cúbicos de agua y cuántos kilowatios/hora (por vivienda/mes, y por vivienda/año) tiene que consumir un individuo o una familia para que la Administración considere que su vivienda se encuentra habitada (no se ha atrevido por el momento a especificar cifras sobre consumo de gas). Este decreto totalitario dispone en su artículo 27 la obligatoriedad, para todas las personas físicas y jurídicas, de proporcionar a la Administración andaluza toda clase de datos, antecedentes y justificantes para facilitar la labor de indagación de los inspectores encargados de decidir qué viviendas están habitadas y cuáles no. Además, las compañías suministradoras de servicios, los ayuntamientos, los bancos y sus inmobiliarias, deberán remitir, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, la información que se les requiera para la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas.
El Coordinador del P-LIB andaluz, José Antonio Peña, ha denunciado hoy en Sevilla que “ese nuevo Registro va a ser un instrumento de control social» y que «como guinda del pastel, el decreto prevé un generoso y detallado catálogo de sanciones, algunas muy cuantiosas, para quienes se resistan a ser espiados o a suministrar información a los inspectores”.
