El Partido de la Libertad Individual (P-LIB), ante el nuevo informe policial que constata la comisión continuada de innumerables delitos económicos por parte de dirigentes políticos y altos directivos del Partido Popular, considera inevitable que se aplique a esta formación política la nueva legislación, impulsada por el gobierno anterior pero reconfirmada y ampliada por el de Mariano Rajoy, según la cual las personas jurídicas son sujetos de responsabilidad penal. El P-LIB se opuso y se sigue oponiendo a este concepto antijurídico, porque los delitos los cometen siempre personas físicas y no las empresas u otras personas jurídicas. Pero la feroz antiempresarialidad de los dos grandes partidos colectivistas les llevó a promulgar una ley aberrante, expresión directa de su desconfianza en las empresas, que permite considerarlas culpables de los delitos que cometan sus directivos o empleados si se demuestra que la persona jurídica se benefició y que hubo silencio o complicidad generalizada de sus órganos a sabiendas de los hechos delictivos. Muy bien, pues en el caso Bárcenas parece obvio que la persona jurídica, el PP, se benefició presuntamente de las donaciones recibidas durante años, camufladas para esquivar la ley de financiación de partidos políticos; y parece obvio también que la mayor parte de la cúpula política y de la alta dirección contratada, presuntamente, supieron y consintieron durante años la comisión de los delitos investigados.
Esta trama de financiación ilegal, presuntamente conocida y protegida por la plana mayor del PP durante dos décadas, es equiparable al caso Filesa o al caso Naseiro. Todos recordamos cómo ambos casos se cerraron en falso y sin que las responsabilidades alcanzaran a las instancias más altas de los partidos concernidos. El caso Naseiro se cerró porque unas escuchas no fueron admisibles como prueba por defectos formales, pero quedó clara la financiación ilegal generalizada del PP. La diferencia del caso actual respecto a Filesa o Naseiro es que hoy la persona jurídica, el partido político como tal, puede ser formalmente responsable y la Justicia puede condenarle a importantes penas e incluso a su disolución.
Francisco Cerbán, miembro del Comité Ejecutivo Federal del P-LIB, ha declarado hoy que «los liberales esperamos que, puesto que PP y PSOE se han empeñado en esta ley, no la entorpezcan ahora». «El Ejecutivo y la Administración de Justicia deben asegurar que a los partidos políticos que alardean de sistémicos se les aplique esta ley estúpida con el mismo rigor que a cualquier sociedad mercantil, incluso cuando ello dé lugar a la disolución judicial de esos partidos por haber incurrido en graves responsabilidades penales», ha concluido.
En otro orden de cosas, el P-LIB considera muy significativo que la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, dividiera presuntamente en más de seiscientos contratos las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel, aparentemente para esquivar la legislación que impone transparencia y celebración de concursos a partir de cierta cuantía. Este comportamiento continuado y este desvío deliberado de fondos públicos, de confirmarse, demostrarían una vez más que el PP de Madrid y el sector supuestamente liberal de ese partido no se diferencian, en realidad, del resto del PP: un partido corrupto hasta la médula en toda España, y tan decidido como el PSOE u otros partidos convencionales a mantener un Estado grande y costoso para poder seguir nutriéndose de los ingentes recursos que exige a la población.
