El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación por la estrategia de incremento deliberado de la tensión respecto a Gibraltar, que está desarrollando desde hace unos días el gobierno de Mariano Rajoy. Las amenazas del ministro García-Margallo recuerdan al régimen anterior, que en 1969 cerró unilateralmente la frontera como represalia por el resultado del referéndum en el que la población gibraltareña rechazó de manera prácticamente unánime integrarse en España. Rajoy agita ahora la cuestión gibraltareña para intentar, patéticamente, desviar la atención del caso Bárcenas, que le salpica directamente. La escalada actual es similar a las que invariablemente se producen cuando un gobierno acosado por sus problemas domésticos y sumido en una honda impopularidad emplea como último recurso el avivamiento de un conflicto exterior, persiguiendo así recuperar el apoyo de la ciudadanía. Los exabruptos y bravatas del ministro sobre Gibraltar dan la medida precisa de hasta qué punto el gobierno Rajoy se encuentra al borde mismo del precipicio.
La provocación deliberada de tiempos de espera insoportables para cruzar la frontera, a altas temperaturas, provoca un grave quebranto a infinidad de ciudadanos de ambos países y de cualquier otra nacionalidad, y notablemente a los niños y a los ancianos. La pretensión de cobrar una tasa por entrar o salir de España por esa frontera nos retrotrae de facto a la brutalidad de su cierre por el régimen franquista. Ambas medidas perjudican de manera extrema a más de seis mil trabajadores fronterizos españoles. La excusa empleada por el Palacio de Santa Cruz no se sostiene, porque resulta incuestionable el derecho de las autoridades gibraltareñas sobre el lecho marino de las aguas que la legislación internacional atribuye a ese territorio. Hay que recordar que España ratificó el 15 de enero de 1997, bajo un gobierno del PP, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, tratado que establece la inexistencia de «costa seca» y por tanto la existencia de mar territorial propio en todos los territorios, incluso si se hallan en disputa, e incluye expresamente el lecho marino y el espacio aéreo correspondientes a esas aguas. Esa misma lógica permite a España, por ejemplo, firmar con Marruecos acuerdos pesqueros respecto a las aguas del Sáhara Occidental en disputa, pese a que la soberanía marroquí de ese territorio no está reconocida por las Naciones Unidas. Pero, además, la excusa del gobierno es ridícula si tenemos en cuenta que las aguas territoriales del peñón tienen unas dimensiones extraordinariamente reducidas, y que los pescadores de La Línea y Algeciras pueden faenar en todo el resto de la bahía y en cientos de kilómetros de mar territorial español a uno y otro lado de Gibraltar.
El programa político del P-LIB, partido adherido desde su misma constitución a la Declaración de Casemates de 1993, que promueve una descolonización democrática para el peñón, recoge en su punto 7.5.3. una visión abierta y civilizada sobre el contencioso. Esa visión, compartida ya por una parte amplia y creciente de la sociedad española, pasa por el reconocimiento de la entidad y de los derechos de los gibraltareños, y por el rechazo tanto al status colonial como a la pretensión de anexionar el territorio contra la voluntad de su población, y esboza en cambio una solución definitiva al contencioso que pasaría por la denuncia del Tratado de Utrecht de 1713 y el establecimiento de un ente jurídico-internacional diferenciado. Entre los motivos de dicha denuncia, el principal es el hecho sobrevenido de la emersión de una población autóctona en el territorio a lo largo de estos trescientos años, un periodo histórico más largo que toda la historia independiente de infinidad de países. La derogación del tratado culminaría con el establecimiento de un status post-descolonización similar al de microestados como San Marino, Liechtenstein o Mónaco, o al de territorios no coloniales como Jersey o la Isla de Man. En el marco del tratado multilateral constitutivo de ese nuevo sujeto de Derecho internacional, España podría asegurarse sus intereses prácticos en la zona.
En cambio, la pretensión anexionista que aún mantiene nuestra diplomacia resulta arcaica e incoherente en un país democrático de Europa occidental, además de insensible a la realidad actual de Gibraltar y de su población y contraria a numerosos intereses españoles, desde la prosperidad de la zona circunvecina hasta la seguridad política y jurídica de Ceuta y Melilla. La situación de estas dos ciudades autónomas no es jurídicamente comparable con la de Gibraltar, pero la anexión del peñón constituiría un precedente peligroso al proveer innecesariamente de falsa munición política a la posición anexionista de Rabat. La pretensión de incorporar forzosamente a los gibraltareños y a su territorio avergüenza a cuantos anteponemos, siempre y sin excepción, la libertad de las personas a cualquier rancia reivindicación histórica de los Estados. En otro orden de cosas, los liberales defendemos, por supuesto, el derecho de las autoridades gibraltareñas a establecer un régimen fiscal propio y diferenciado, con menor carga tributaria, como hacen más de setenta países y territorios en todo el mundo. Los refugios fiscales son cada día más y responden a la voracidad tributaria de los países que esquilman fiscalmente a sus empresas y particulares.
Ante el recrudecimiento de las medidas de hostigamiento contra el pequeño territorio vecino, el P-LIB ha enviado hoy una carta de apoyo al Viceministro Principal de Gibraltar y líder del Partido Liberal gibraltareño. Este partido es compañero del P-LIB en la Internacional Liberal y socio minoritario de la actual coalición de gobierno del peñón.
