El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha asistido con preocupación al debate que se ha desarrollado en Baleares este verano respecto a los límites que ha impuesto el PP al arrendamiento turístico de viviendas. La Ley 8/2012, del turismo de Baleares, permite la comercialización turística únicamente de viviendas unifamiliares que cumplan ciertos requisitos fijados arbitrariamente (por ejemplo, un máximo de seis dormitorios y un baño para cada tres plazas). Además, como ya denunció el P-LIB en abril, la modificación de la LAU abrió las puertas a estas limitaciones por parte de las autonomías. En consecuencia, los ciudadanos de Baleares no pueden alquilar sus pisos, por ejemplo, a través de portales turísticos. Y las viviendas que sí se permite alquilar tienen que vencer cada vez más obstáculos burocráticos. Todo ello supone un ataque intolerable al derecho de propiedad, en el que reside la esencia de la economía de mercado, y por tanto, del crecimiento económico y la prosperidad.
Los argumentos alegados en defensa de este intervencionismo desaforado, como las posibles molestias a los vecinos, la competencia desleal frente a los hoteles por no tener que soportar la normativa sectorial, o el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los propietarios, carecen de fundamento alguno. Las molestias pueden denunciarse acudiendo a la normativa relativa a la prevención de ruidos y los usos permitidos en las viviendas pueden regularse en los estatutos de las comunidades de vecinos; la desventaja de los hoteleros debería eliminarse reduciendo trabas burocráticas, no expandiéndolas al resto de ciudadanos; y la evasión fiscal precisamente aumenta con la ilegalización, mientras que los alquileres podrían controlarse mejor si se efectuaran a través de portales abiertos al público. Y en cualquier caso el mejor remedio frente a la evasión fiscal es el establecimiento de unos tributos razonables, y no confiscatorios como los actuales.
El PP demuestra así una vez más que su política pretendidamente liberal no es más que una pose para confundir a los votantes. El Coordinador del P-LIB en las Islas Baleares, Gabriel Le Senne, ha declarado que “como sucede habitualmente con el intervencionismo del Estado en la economía, estas medidas responden a los intereses de un lobby organizado, en este caso el hotelero, en perjuicio del conjunto de la sociedad«.
