El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que la actual huelga estudiantil en el sector educativo estatal no resuelve el principal problema: la falta de opciones educativas en libertad para los ciudadanos. Se necesita un sector educativo competitivo en calidad y costes, donde todo el mundo pueda elegir su centro y el tipo de enseñanza que más le acomode. La educación estatal compite deslealmente con la privada. Esta es la lucha de unos grupos de presión privilegiados por el Estado, contra el propio Estado que ahora flaquea, a causa de la crisis, en su capacidad de darles todo lo que exigen de él. Estamos ante el empecinamiento de un sector concreto que intenta que no se les toquen los privilegios adquiridos. Al mismo tiempo el P-LIB llama la atención a los ciudadanos sobre el discurso hipócrita de quienes encabezan la huelga estudiantil, como el secretario general de UGT en Madrid y mano derecha de Cándido Méndez, José Ricardo Martínez, quien elige para sus hijos una educación de pago en un exclusivo centro educativo privado mientras defiende que el resto de hijos de los contribuyentes vayan a la educación estatal. Martínez olvida que los ciudadanos, a través de sus impuestos, le están pagando el sueldo de sindicalista con el que costea ese centro privado.
El doble discurso del que alerta el P-LIB en materia educativa es muy grave. Las mejores soluciones para la educación de las futuras generaciones se dan en el auténtico libre mercado, el que está libre de toda intervención estatal. “Si le quitamos al ciudadano el peso de soportar el actual hiperestado, la mayoría podría fácilmente pagar el centro educativo privado que elija cada familia y no el Estado y sus gestores estatales, los políticos. Además se dejaría de hacer competencia desleal en el sector lo que llevaría al fomento de la excelencia educativa y a una auténtica competencia entre centros por ofrecer la mejor calidad de servicios educativo y a precios cada vez más competitivos como ocurre en otros sectores esenciales de la actividad social, económica o cultural que ya han dejado de pertenecer, al menos de forma exclusiva, a la gestión estatatal: alimentación, telefonía, ropa, audiovisual, prensa y otros”, ha señalado Roxana Nicula, Secretaria de Acción Ciudadana del P-LIB. «Los liberales somos más solidarios que los sindicatos y los actuales políticos pues queremos que todas las familias puedan elegir la educación privada que consideran más adecuada para sus hijos: si hay un diez, un quince por ciento de nuestros conciudadanos que no se pueden permitir pagar, entre todos podemos mantener un fondo de solidaridad específico que cubra directamente el cheque escolar para esas familias a precio medio de mercado. De esta manera las familias sin recursos podrían elegir centro en libertad igual que el resto de los ciudadanos, y pagar con el bono«, ha apuntado, añadiendo que “así la educación de nuestros hijos dejaría de estar secuestrada por el populismo y la agenda política del gobierno de turno, y acabaríamos con la insufrible ingeniería social que el Estado hace con nuestros niños para perpetuar su poder generando masas dependientes del Estado», porque, ha concluido, «los liberales queremos que la educación produzca individuos libre y responsables, críticos con el poder”.
El P-LIB se ha posicionado reiteradamente en contra de la ley Wert, pero por ser más de lo mismo: una ley que estataliza el currículo, impide la excelencia, proscribe la competencia y considera a los estudiantes como material moldeable para beneficio del Estado. La ley Wert es un claro ejemplo del colectivismo del PP: socialdemócrata en sus aspectos económicos y conservador en los ideológicos.
En el caso de la educación superior, objeto de la huelga actual, el P-LIB reitera su apuesta por la supresión de los centros universitarios estatales, mediante su privatización. Ésta puede hacerse incluso a favor de empresas compuestas por los docentes, por ejemplo en régimen de cooperativa, o bien convertirlas en fundaciones sin ánimo de lucro. Pero lo realmente urgente es, más que la privatización, la plena liberalización del sector educativo superior. La sociedad civil cuenta con mecanismos e instituciones que pueden becar a los alumnos que lo requieran, y las propias universidades, junto a la comunidad empresarial, pueden hacerlo también. En último extremo, si resulta necesaria una transición en la que el Estado siga subsidiando de forma decreciente los estudios superiores, esto debería hacerse de forma directa a beneficio de cada estudiante ayudado, y no mediante el mantenimiento de centros estatales costosos, masificados y cada día más desacreditados en el plano académico. Los estudiantes ayudados deben conocer el monto de la ayuda recibida, y podrían habilitarse sistemas de devolución total o parcial de la misma en caso de que sus circunstancias económicas mejoren, para así poder ayudar a otras personas. El sector financiero habilita en otros países créditos de estudios con condiciones especialmente favorables, lo que unido a las becas y a la ayuda pública o, idealmente, privada, configura un marco en el que no queda excluido ningún estudiante que reúna las capacidades requeridas por la institución educativa.
