El Partido de la Libertad individual (P-LIB) rechaza el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aplazado hoy por el Consejo de Ministros. En el texto legal se prevé penas de gran dureza y multas de elevadísima cuantía por supuestos excesos en el ejercicio de las libertades civiles, que además no quedan claramente delimitados para que puedan prestarse a interpretación administrativa, con la consiguiente discrecionalidad. En algunos casos, el anteproyecto conculca de forma grave y directa derechos constitucionales básicos, dejando muy claro el respeto nulo que el PP siente por los mismos.
Por ejemplo, las concentraciones que no hayan sido previamente autorizadas de forma expresa, si se producen ante edificios del poder legislativo, se considerarán infracciones muy graves y se sancionarán con multas de hasta seiscientos mil euros. Esta misma lógica, que transforma las faltas en infracciones administrativas, se aplicará desde ahora a una amplia gama de situaciones de todo tipo, siempre con el objeto de restringir la acción de los ciudadanos bajo amenaza de graves consecuencias personales. Un ejemplo de la extraordinaria desproporción que el anteproyecto pretende son los treinta mil euros de multa por insultar a un policía. La Secretaria de Acción Ciudadana del P-LIB, Roxana Nicula, ha declarado hoy que “esta ley va mucho más allá de la infame ley Corcuera, que tanto criticó en su día el Partido Popular, y pone de manifiesto una vez más la extrema involución de ese partido en materia de libertades públicas y derechos civiles”.
En otro orden de cosas, el P-LIB rechaza la medida totalitaria de permitirá a los inspectores de energía entrar sin orden judicial en las viviendas, lo que incumple de forma flagrante el principio de inviolabilidad del domicilio, reconocido por nuestra Constitución y por todos los ordenamientos jurídicos del mundo desarrollado.
