El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera relevante la decisión de Las Vegas Sands de retirar su proyecto de construcción del complejo Eurovegas en la Comunidad de Madrid, decisión que sin duda constituye un fuerte varapalo para el gobierno autonómico y para el PP de Madrid, que habían hecho de esta ciudad del ocio su proyecto estrella para dinamizar la economía regional. El PP de Madrid, tras el fiasco olímpico de la capital, cosecha ahora una derrota igual o peor para su gestión autonómica. Los proyectos megalómanos de los políticos jamás pueden esconder la falta de prosperidad, ni sustituir una economía libre. Y una economía realmente libre es la conformada por millones de agentes que interactúan por su cuenta, no la compuesta por un puñado de amigos de los políticos.
Por un lado, el P-LIB lamenta que se haya perdido una fuerte inversión extranjera, con los consiguientes puestos de trabajo directos e indirectos, y con los beneficios de todo tipo que Eurovegas habría podido procurar a la zona. Pero por otro, nuestro partido celebra que no se haya consumado finalmente el conjunto de arbitrariedades y leyes a la carta que exigían los promotores y que inexplicablemente había apoyado el gobierno madrileño tanto bajo la presidencia de Esperanza Aguirre como en la actual etapa de Ignacio González. El P-LIB siempre se opuso, no a Eurovegas, sino a que Eurovegas se construyera con privilegios, como dejamos claro en nuestro comunicado de hace algo más de un año —cuando se conoció la decisión de construir el complejo— y en el que emitimos ya en febrero de 2012 al anunciarse el proyecto. Nuestro Coordinador General de entonces en la Comunidad de Madrid, se expresaba en estos términos: «frente al falso capitalismo de Aguirre, que es en realidad mercantilismo, el P-LIB reclama libertad empresarial real para cualquier empresa».
En el caso de Eurovegas no estamos ante un juego de buenos y malos. Todos los partícipes han actuado de la forma más lesiva para la economía de libre mercado que los liberales promovemos:
- El gobierno central —el actual y todos los anteriores—, por haber hecho de España un país hostil a la inversión exterior mediante una asfixiante hiperregulación económica y social y a través de una proliferación normativa y de un zigzag en el sentido de las restricciones y prohibiciones que impiden tomar decisiones de inversión a largo plazo al crear una fuerte inseguridad a los inversores. El intervencionismo del PP, como el del PSOE y el de los demás partidos con responsabilidades de gobierno autonómico, amparado por una constitución socialdemócrata, estrangula la actividad económica y menoscaba el derecho de propiedad.
- Sheldon Adelson y su empresa, por exigir —con una arrogancia que no ha ayudado precisamente a hacer viable su proyecto— todo tipo de cambios normativos específicamente orientados a su negocio particular, e incluso barreras de entrada en perjuicio de otros agentes económicos. Lo grave no es que no venga Adelson, sino que, por culpa de ese laberinto normativo y de las trabas al emprendimiento, cada día miles de inversores anónimos de cualquier país y de cualquier sector escogen otros lugares donde operar. Adelson cambia de destino porque nuestra legislación —como en general la europea— es insoportable, sí, pero también porque no ha conseguido las ventajas exclusivas que buscaba.
- Y el gobierno madrileño, representativo del ala supuestamente liberal del PP, por haber incurrido una vez más y de lleno en un caso —de manual— del más objetable mercantilismo. El mercantilismo es la política económica entrometida y manipuladora que falsea, distorsiona y desprestigia el capitalismo al mezclar a las administraciones públicas con determinadas empresas privadas, siempre en torno a macroproyectos cuyo carácter supuestamente estratégico sirve para justificar todo tipo de excepcionalidades y ventajas que se niega, en cambio, a los competidores o a otros sectores de actividad. Ha vuelto a quedar claro que esa facción del PP no defiende una economía realmente libre, abierta sin trabas ni privilegios a cualquier operador económico, ni tampoco una sociedad libre de las enormes restricciones, prohibiciones e imposiciones actuales. Lo que el PP de Madrid defiende, emulando las pseudoprivatizaciones de José María Aznar, es sustituir el capitalismo por los negocios de las empresas afines, para las que se garantiza normas a la medida que establezcan cotos cerrados, excepciones antijurídicas y toda suerte de privilegios.
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El P-LIB reitera su apoyo a la libertad plena en el sector del juego, y considera que deben eliminarse las enormes trabas y las fuertes restricciones a esa legítima actividad económica, que, en ausencia de fraude, debe desarrollarse en total y absoluta libertad, y sin monopolios públicos (como el ONLAE) ni privados (como la ONCE), ni oligopolios derivados de la acción de cárteles regulatorios, como sucede en el subsector de las apuestas. Es significativo que en España, un país con gran tradición de juego, haya relativamente pocos casinos, y queremos eliminar las licencias especiales que se aplica a estos establecimientos. Queremos que haya en todo el país, no una sino tantas Eurovegas como espontáneamente surjan, y que todas puedan operar sin trabas, pero que ninguna responda a las gestiones de «cazador de inversiones» de ningún político, ni al compadreo entre políticos o partidos y empresas. Y siempre hemos manifestado que es necesario derogar la ley antitabaco, porque merma la libertad y la propiedad, pero no sólo para los casinos ni para una zona, sino para todos los establecimientos privados. También exigimos la plena liberalización del mercado del suelo y nos resulta escandaloso que se considere siquiera la opción de que el suelo público actual se regale o se arriende de forma privilegiada a empresas concretas en el marco de negociaciones de inversión, cuando lo que debe hacerse con ese suelo es subastarlo con transparencia y vendérselo al mejor postor porque el Estado, a todos los niveles territoriales, debe ser ajeno al negocio del suelo y no debe poseer más suelo que el de sus propias oficinas.
El Coordinador General del P-LIB en la Comunidad de Madrid, Adolfo Lozano, ha declarado hoy que «No es sólo la lamentable falta de seguridad jurídica de nuestro país la que ha hecho fracasar el proyecto de Eurovegas, sino también las pretensiones de leyes ad hoc sobre las que se basaba», recordando que «el P-LIB reivindica la libertad económica y empresarial de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad ante la ley».
