Los tribunales acaban de declarar nula la reforma educativa que pretendía implantar la enseñanza trilingüe en Baleares (llamada Tratamiento Integrado de Lenguas, o “TIL”), impulsada por el Gobierno del PP de José Ramón Bauzá. Recién comenzado el curso escolar, parte de los centros anuncian que no aplicarán el TIL, mientras que otros sí. La consellera ha dimitido. Se trata de un episodio más en el lamentable sainete en que se ha convertido el sector, pues hace casi un año, ante la huelga indefinida con que comenzó el curso pasado en Baleares, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ya se pronunció en contra de la intervención pública en la educación.
El caos se prolonga así un año más, entre la lucha de unos y otros por imponer su modelo lingüístico. Resulta irónico, además, que la anulación judicial se debe a un error de forma. Los tribunales estiman que el PP debió haber consultado a la UIB (la universidad autonómica) por disponerlo así el estatuto de autonomía, reformado hace pocos años con el voto favorable del PP. Las autoridades se han visto así atrapadas por la maraña normativa que ellos mismos han creado. Sin duda, resulta cuando menos curioso que deba someterse toda reforma educativa que afecte a la enseñanza del catalán a la universidad, que sorprendentemente queda así configurada como un organismo político, presuntamente por su carácter supuestamente científico.
Los liberales reiteramos que esta situación extremadamente grave se debe al colectivismo, es decir, al empecinamiento en pretender imponer a toda la sociedad un único modelo. La lucha en el sector educativo es en el fondo una lucha política: la intervención del Estado convierte la educación en adoctrinamiento político. Unos desean catalanizar a los alumnos, y otros españolizarlos, y mientras tanto el nivel educativo no ha hecho más que descender en las últimas décadas.
El P-LIB defiende un sistema educativo libre, donde cada institución educativa pueda adaptarse a los deseos de las familias; donde el único papel del Estado sea el de supervisar el sistema y garantizar el acceso universal a la educación a través de un sistema de cheque escolar para las familias que por motivos económicos no puedan acceder a la educación, respetando también la decisión de las familias que deseen educar a sus hijos en casa. La libre competencia en materia educativa generaría una mayor oferta educativa, de mayor calidad y a un coste inferior, en beneficio de todos.
Gabriel Le Senne, Coordinador General de Baleares, ha declarado que “sería más lógico que los auténticos responsables de los niños, es decir sus padres, pudieran decidir libremente qué educación quieren para ellos. Debemos devolver de una vez por todas a la sociedad civil el sistema educativo.”
