Ante la nueva imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en un otro caso de corrupción, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su total rechazo a la enorme cantidad de competencias que detenta la administración pública, siempre en detrimento del ciudadano, y en todos los niveles territoriales. Si bien el principio de presunción de inocencia debe aplicarse a todos los ciudadanos, incluidos los cargos públicos, la hipocresía de todos los partidos estatistas queda patente al pretender siempre que la corrupción sólo afecta al prójimo y promulgar toda clase de medidas para “garantizar” la honradez de sus cargos electos. Las condenas deben ser dictadas en el juzgado, pero hemos de denunciar la incoherencia del Partido Popular, que defiende que la mayoría de los políticos son serios y que persigue la corrupción en su propio seno, pero mantiene a sus cargos contra viento y marea, un auto judicial tras otro.
Por supuesto, los liberales libertarios sabemos que este problema no es exclusivo del PP y que cualquier nueva fuerza política que llegue al poder sólo se mantendrá libre de corrupción durante un tiempo limitado a menos que se reduzca el tamaño del Estado. Cambiar los alcaldes solo retrasará los casos de cohecho hasta que se consoliden nuevas “alianzas” entre empresarios ávidos de regulación a su favor y consistorios llenos de ediles a los que corromper. Ya sea por medio de la concesión irregular de contratos públicos, o de la legislación en favor de determinados sectores y/o empresas, los políticos tarde o temprano terminarán por acomodarse y creerse intocables, lo que les llevará a mantener esa actitud arrogante que tan a menudo vemos, por desgracia, entre nuestros representantes. Sólo cuando nos demos cuenta de que la propiedad privada y los contratos voluntarios son la única manera de que la sociedad prospere, seremos capaces de evitar la corrupción generalizada. Si nuestros concejales de urbanismo no tienen ningún tipo de influencia sobre las decisiones sobre qué, cómo y cuándo se construye, ningún constructor se beneficiará de sobornarlos.
Pedro Romero, Coordinador Provincial del P-LIB en Alicante, ha declarado en relación con este asunto que “llevamos mucho tiempo viendo casos de corrupción en todos los partidos que entran en los gobiernos nacional, autonómicos y locales como para seguir pensando que el problema tiene que ver con las personas y no con el sistema”, añadiendo que “pensar que un nuevo gobernante va a ser inmune a la corrupción es como pretender apagar un incendio arrojando distintos tipos de madera. Igual que se apaga un incendio cortando el suministro de oxígeno, debemos acabar con la corrupción desmantelando el entramado impositivo que permite a los políticos dilapidar nuestro dinero. Sólo bajando impuestos y reduciendo el gasto y las competencias de los políticos pondremos fin a la lacra de la corrupción”.
