El Partido Libertario (P-LIB) encuentra profundamente anti-democrática la sentencia de la Audiencia Provincial, de octubre de 2014, que avala el acceso de guardias forestales a fincas privadas sin permiso del dueño. Los guardias, violando la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid que obliga a los agentes a disponer de autorización judicial para acceder a los montes o terrenos forestales, salvo en el caso de extinción de incendios, accedieron a una finca en San Lorenzo del Escorial sin permiso del propietario y sin orden judicial. Los agentes entraron porque el propietario estaba talando unas encinas en su propio terreno.
La Constitución Española, en su Título I, artículo 18.2, protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Y muy probablemente el “delito” no sea flagrante en este caso, ya que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid le dio la razón al propietario al considerar que el delito no era flagrante porque ya se había cometido y había una denuncia previa, y de ser así la sentencia judicial sería inconstitucional.
Verónica Santamaría, miembro del ejecutivo del Partido Libertario de Madrid, se muestra contundente “El derecho a la inviolabilidad del domicilio es uno de los derechos humanos más importantes. Nadie debe poder entrar en tu casa o en tu terreno sin tu permiso.” Y continúa “Si existe algún tipo de sospecha de que el dueño de un terreno esté cometiendo un crimen, que los agentes de seguridad pidan una orden judicial. Pero como suele ocurrir, los mismos que hacen las leyes hacen que sus agentes estén exentos de cumplirlas, colocándolos fuera de la ley.”
De poco sirve que una Constitución proteja el derecho a la inviolabilidad del domicilio, salvo en caso de delito flagrante, si la ley considera delito algo que no debería serlo o si la palabra de un funcionario vale más que la de un ciudadano cualquiera. El Partido Libertario siempre ha sostenido que los funcionarios no deben diferenciarse de otros trabajadores, en tanto en cuanto su palabra no puede ni debe tener más valor que la de otro ciudadano, y que si una persona compra un terreno todo lo que haya en él pasa a ser propiedad suya, siendo libre de hacer todo lo que desee mientras no afecte a otro vecino.
“Este caso abre un precedente muy peligroso, ya que da pie a que los agentes de la ley puedan entrar en nuestras casas por cualquier motivo, en cualquier momento, y sin rendir cuentas a nadie.” Concluye Verónica Santamaría.
