El Partido Libertario (P-LIB) expresa su rechazo a los planes de Carmena de crear un sistema judicial, paralelo al ya existente, con jurados vecinales, policía comunitaria y gestores de barrio. El P-LIB observa con preocupación la creación de un subsistema jurídico sin garantías legales, cuyos miembros son elegidos a dedo por el Ayuntamiento. Esto termina con la separación de poderes, con la imparcialidad por parte de los jurados y ampara una nueva caza de brujas, usando recursos públicos para perseguir a hipotéticos delincuentes. Y haciendo uso, para todo ello, de unos «jueces» nombrados directamente por el gobierno municipal en un claro intento de derribar las limitaciones que le impone el sistema legal vigente.
Estos jurados, heredados directamente de la extinta Unión Soviética o del Nacional Socialismo alemán, imitando las estructuras del socialismo chavista en Venezuela, suponen una centralización del poder inadmisible en una sociedad libre. Estos tribunales promueven la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo, al ser los voluntarios personas necesariamente aprobadas por el poder político, la alcaldía, y al no ser procesos abiertos al público, fomentando a su vez la discriminación y la persecución ideológica al ser de hecho unos tribunales políticos.
Los libertarios seguimos denunciando que el sistema judicial actual no funciona por múltiples motivos: la dependencia de los jueces a los partidos, la excesiva y compleja regulación, o la sobresaturación de juicios pendientes. Pero crear un sistema municipal sin garantías legales basado en las chekas y los tribunales populares, de infame y terrible recuerdo, no es la solución, ya que propicia un descomunal aumento del poder político y el uso de recursos públicos para adoctrinar a la sociedad según su ideología.
El P-LIB defiende la abolición del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) sustituyéndolos por órganos de gobierno que emanen de la propia carrera judicial, quitando poder a los políticos al crear un contrapoder que los controle y un sistema más ágil con menos regulación. Frente a las propuestas liberticidas de aumentar el poder político sobre las justicia, los libertarios proponemos aumentar el poder de los ciudadanos sobre los políticos y la separación real de poderes.
Héctor Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva Madrileña, ha declarado que “consideramos estas medidas un atentado a la seguridad jurídica y a la garantía de defensa”. Y continúa “tras el acoso sufrido por las terrazas en Madrid, provocando la indefensión jurídica y creando un sistema de denuncia que facilita las vendettas personales por parte de los vecinos, ahora Carmena busca sortear el ya escasamente garantista sistema de justicia del Estado. La existencia de estos tribunales suponen apagar luces en el ya lúgubre sistema judicial español”.
