El Partido Libertario (P-LIB) observa con profunda preocupación la prórroga del recorte “excepcional” de los derechos de los ciudadanos franceses tras el terrible atentado del jueves.
Lejos de plantearse la devolución de los legítimos derechos de defensa a sus conciudadanos, François Hollande aplaza el final del estado de excepción, alargando con ello un inadmisible recorte de libertades civiles. Un estado de excepción que se ha demostrado eficaz en proteger a multimillonarios futbolistas y carísimas entradas a estadios de fútbol, pero que es incapaz de proteger a casi un centenar de víctimas inocentes, niños incluidos, de un fanático con un camión.
Es indignante que, en la Europa del siglo XXI, nuestras vidas se encuentren a merced de los terroristas. Los ciudadanos europeos estamos desarmados e indefensos frente a los fanáticos y criminales y, por lo tanto, consideramos que urge una profunda reflexión sobre la legitimidad y eficacia del monopolio estatal de seguridad.
El P-LIB ya se posicionó en contra del estado de excepción cuando se impuso y se sigue posicionando radicalmente en contra de su ampliación, que continúa otorgando poderes incompatibles con un estado de derecho al gobierno francés. Más aún cuando sus resultados se han demostrado, una vez más, completamente ineficaces. A este respecto, el Secretario General del P-LIB, Daniel Martínez, declara que “Nuestra seguridad no puede seguir transigiendo con un monopolio estatal liberticida e ineficaz frente a cuyas narices se suceden terribles atentados y que, como única solución, amplia aún más sus poderes a costa de nuestros derechos». Y concluye «El ciudadano tiene el legítimo derecho de proteger su vida, familia y propiedades y el estado debe dejar de inmiscuirse en él”.
El Partido Libertario tiene un compromiso firme con el derecho de autodefensa y la decidida intención de elaborar, en colaboración con organizaciones civiles y expertos, un cuaderno de propuestas políticas dirigidas a la profunda reforma de nuestras leyes, de tal manera que éstas respeten el legítimo derecho a la defensa de cada ciudadano.
