- El Partido Libertario reitera su oposición a que se obligue a los propietarios de los locales a que exijan a sus clientes el certificado de vacunación de COVID-19
- En España y otros países desarrollados se llevan conteniendo las enfermedades infecciosas gracias a las vacunas, sin necesidad de que las vacunas sean obligatorias
- La incuestionable mejoría de la situación sanitaria ha sido posible gracias a la ciencia, no a la vulneración de los derechos civiles
El Partido Libertario (P-LIB) ya expresó hace meses su oposición a que se obligara a los hosteleros a exigir a sus clientes el certificado de vacunación de COVID-19 para acceder a sus locales. Ante la extensión de medidas de este tipo a varias comunidades autónomas, conviene recordar algunas cuestiones.
Según la legislación actual, la vacunación en España no es obligatoria, por lo que no son aceptables medidas que vayan en esa dirección. Para escasísimas situaciones excepcionales, nuestro ordenamiento jurídico recoge estados de alarma, de excepción y de sitio, que solo pueden decretarse con motivos totalmente justificados (las medidas deben ser completamente necesarias), y exclusivamente mientras duren dichas situaciones excepcionales.
Las situaciones excepcionales no justifican que las autoridades incumplan las leyes vigentes. Precisamente por ello las leyes recogen las situaciones de excepcionalidad. Pero ya se han declarado inconstitucionales medidas aplicadas en los últimos estados de alarma, sin que los responsables de su aplicación hayan sufrido consecuencia alguna, ni siquiera el precio político de una dimisión.
En cuanto a la obligatoriedad directa de vacunación (que requeriría una reforma legal previa), el Partido Libertario recuerda que, al igual que en otros países desarrollados, en España se llevan conteniendo perfectamente diferentes enfermedades infecciosas durante muchos años. Y ello sin que en España la vacunación haya sido obligatoria.
El Partido Libertario recuerda que hay que dejar claro que la cuestión no es si el certificado de vacunación de COVID-19 es conveniente o inconveniente. Para un partido político, lo que cuentan son las decisiones políticas. Si el propietario de un local desea exigir el certificado de vacunación a sus clientes para acceder a su propiedad, está en su derecho de hacerlo. Lo que es una cuestión política es la obligatoriedad. Sin dicha obligatoriedad, los consumidores podrán decidir qué normativas aceptan o no, y consecuentemente, en qué locales deciden entrar.
Rechazar la obligatoriedad no tiene ninguna relación con el rechazo a las vacunas, de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad. El P-LIB recuerda que las vacunas han permitido la contención de numerosas enfermedades, y salvado millones de vidas, y que las vacunas contra la COVID-19 han sido decisivas en la incuestionable mejora de la situación sanitaria.
Porque, se diga lo que se diga, y se tergiverse lo que se tergiverse, está claro que la situación sanitaria es ahora mucho menos adversa que en la primavera de 2020, cuando con datos de fallecimientos reconocidos 30 veces superiores a los actuales, los medios controlados directa o indirectamente por el Estado transmitían reiteradamente imágenes de aplausos o de sanitarios bailando, y se permitían producir (con dinero de los ciudadanos) series sobre la cuarentena «en clave de humor». Y esta mejoría ha sido posible principalmente gracias a unas vacunas que, en su inmensa mayoría, son el fruto de la iniciativa privada.
El Partido Libertario se desmarca completamente de aquellas personas que afirman que la enfermedad por COVID-19 no es real, con el argumento de que los gobiernos intentan controlar a la población. Se trata de una falacia de falso dilema. La enfermedad por COVID-19 es real, dolorosamente real. Y la vigilancia a los gobiernos por parte de la ciudadanía es, en todo momento, imprescindible. Sí, en tiempos excepcionales también. El precio de la Libertad es su defensa constante. Los diferentes desafíos sanitarios a los que se enfrenta nuestra sociedad son, y por desgracia serán, reales. Y su superación reclama la eliminación de trabas a la iniciativa de la sociedad civil y al desarrollo científico.
Un desarrollo científico que ha permitido en un siglo la mayor mejora de las condiciones de vida en la historia de la humanidad, y que ha sido simultáneo a la aparición de sociedades mucho más libres que sus predecesoras. La solución a los problemas sanitarios pasa por la ciencia, no por la vulneración de los derechos civiles.