El viernes, la paralización judicial del proceso electoral en Cajamadrid se ha sumado a las irregularidades de Caja Castilla La-Mancha y a la polémica suscitada por los diversos procesos de fusión de cajas de ahorros, configurando un panorama que reafirma al P-LIB en su propuesta: privatizar las cajas de ahorros.
La gestión de las cajas está condicionada por unos órganos de gobierno absurdos, más propios de una «democracia orgánica» como la del régimen anterior que de unas instituciones de crédito normales. No tiene sentido que esos órganos estén compuestos por personas designadas por las diversas «fuerzas vivas» del lugar de su sede principal: partidos políticos, sindicatos, patronales y hasta la Casa Real, que sabiamente opta por no ocupar los puestos que le corresponden pero distorsiona así el cómputo de votos, motivo que ha admitido el juzgado al paralizar la elección en Cajamadrid.
El P-LIB cree que las cajas de ahorros ejercen una competencia desleal frente a los bancos normales, que deben rendir cuentas ante sus accionistas y aportarles dividendos que justifiquen la adquisición y mantenimiento de sus acciones. No corresponde al Estado ejercer de banquero, ni directamente ni mediante el extraño y obsoleto mecanismo de las cajas de ahorros. Además, éstas suelen utilizarse para financiar a los partidos políticos principales de cada zona, frecuentemente en operaciones de alto riesgo crediticio. Por último, es habitual la opacidad salarial de los directivos, una opacidad muy superior a la que pueda llegar a darse en las entidades bancarias normales. Es sorprendente que se esté criticando con ferocidad los bonos elevados que cobran algunos ejecutivos de la banca normal, bonos pagados con dinero estrictamente privado por los propietarios de sus empresas, es decir, por los accionistas, y sin embargo no se cuestione el salario de los altos directivos de las cajas de ahorros (otro debate es el apoyo estatal que han recibido algunos bancos, y que consideramos ilegítimo).
La obra social de las cajas es el mayor argumento que dan sus partidarios para mantener el sistema. Sin embargo, la ciudadanía no puede decidir qué proyectos se apoya y cuáles no, opción que queda restringida a los clientes, e incluso éstos no tienen realmente tal capacidad. La obra social sirve en realidad a los intereses de política social y cultural del gobierno de turno. Los bancos normales, como cualquier otra empresa, pueden crear una fundación filantrópica, y normalmente lo hacen. Estas fundaciones están generalmente mejor gestionadas que la obra social de las cajas de ahorros.
El P-LIB propone la salida a bolsa de las cajas de ahorros para que las compre quien lo desee, dando un derecho de compra preferente a los actuales clientes y empleados. También consideramos viable la opción de reconvertirlas en cooperativas en los casos en que surjan proyectos suficientemente apoyados en su seno. En cualquier caso, el objetivo es que pasen a ser bancos convencionales.
