El Partido Libertario (P-LIB) defiende la igualdad ante la ley de todas las personas y rechaza las leyes que discriminan y persiguen a los individuos por su sexo, etnia, orientación sexual, creencias religiosas, o cualquier otra razón; y que por desgracia aún existen en diversos países.
Precisamente por ello, los libertarios nos oponemos también al creciente movimiento en España y otros países desarrollados en pro de la discriminación positiva, imposición de cuotas, inversión de la carga de la prueba (eliminación de la presunción de inocencia) en procesos judiciales, o la diferente consideración del demandante o el demandado según el grupo de población al que pertenezcan.
En general nos oponemos a cualquier medida que rompa la igualdad ante la ley, aunque esta pretenda justificarse con el argumento de corregir, paliar o compensar determinados problemas sociales. Cuentan también con nuestra oposición medidas que pretenden sustraer a los individuos adultos la capacidad de decisión sobre su propia vida, como es el caso de las mujeres con la prohibición de la prostitución o de la gestación subrogada (esta última está, de hecho, prohibida).
Cabe calificar al conjunto de estas iniciativas como un verdadero movimiento paternalista, en el que determinadas personas integrantes de un grupo de población pretenden arrogarse la representación de cada una de las personas individuales que lo forman.
Instrumentos legales como las cuotas obligatorias no benefician realmente a las mujeres o a los grupos a los que van dirigidos: además de atentar contra la Libertad y crear agravios comparativos entre individuos concretos, lo que hacen es crear dudas sobre la valía de una persona que ocupa un puesto dado y sobre las razones que le han llevado a ocuparlo. Evidentemente, las subvenciones otorgadas a organizaciones defensoras de los derechos o intereses de un determinado colectivo social, que también rechazamos, no benefician a los miembros del mismo, sino a los líderes de la organización en cuestión.
Los libertarios no afirmamos que haya desaparecido de nuestra sociedad cualquier vestigio de conducta discriminatoria. Lo que decimos es que las cuestiones correspondientes a la sociedad civil deben resolverse desde esta y no desde el Estado. Las reformas legales son instrumentos adecuados para eliminar discriminaciones legales o gubernamentales, no para cambiar las actitudes de algunas personas mediante ingeniería social. Promover desde ciertas organizaciones un cambio en la sociedad es algo plenamente legítimo siempre que se haga desde organizaciones desvinculadas del Estado que no reciban financiación alguna del mismo, y siempre que no se pretenda quebrar la igualdad ante la ley.
El P-LIB considera que la tipificación de delitos de odio ad hoc o la eliminación de la presunción de inocencia, no reducirán las agresiones homófobas o racistas, o contra la violencia hacia las mujeres, por poner algunos ejemplos. Lo que conseguirán es meter a personas inocentes en la cárcel. Las mejores herramientas para luchar contra estos delitos son las mismas que para combatir cualquier agresión: el apoyo legal al derecho de autodefensa, y la supervisión del cumplimiento de una legislación general que garantice los derechos de todas las personas.
Roxana Nicula, Secretaria General del P-LIB, ha declarado a este respecto: “Que se me conceda un puesto por el simple hecho de ser mujer es insultarme. No quiero ninguna cuota, quiero que los gobiernos dejen de poner palos en las ruedas al desarrollo profesional de las personas. De todas las personas”.
