El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su rechazo a la pretensión de pago por enlace a noticias que recoge el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado ayer en Consejo de Ministros. Esta pretensión, incluida a última hora en el anteproyecto, constituye una sorpresa amarga para los usuarios de Internet, acostumbrados a combinar toda la información mediante agregadores configurados según sus preferencias, o simplemente a utilizar los servicios de noticias que ofrecen los motores de búsqueda como Yahoo! o Google, pero también infinidad de buscadores especializados. De aprobarse el anteproyecto sin cambios en este terreno, esas empresas tendrían que abonar a los medios una cantidad “equitativa” que sin duda será objeto de posterior regulación arbitraria por parte del Estado, y ello sólo por agregar las noticias. Es decir, simplemente por ofrecer a los usuarios el titular, la foto y un par de frases, todo ello enlazado por supuesto a la página del sitio respectivo.
Es necesario recordar que, en realidad, los agregadores y los buscadores de noticias prestan gratuitamente un gran servicio a los periódicos y otros medios online, ya que presentan sus noticias junto a las equivalentes de sus competidores, permitiendo que el usuario interesado acceda de forma inmediata a cada contenido, en su sitio web respectivo. Esto ayuda a infinidad de medios de comunicación pequeños a obtener tráfico en función de los méritos de sus noticias, pero desagrada a los grandes medios que pretenden un consumo directo del conjunto de su edición sin pasar por buscadores. Es a estos grandes medios, organizados en un potente lobby de editores, a quienes el gobierno pretende ahora beneficiar a costa de los proveedores de búsqueda, de sus clientes (que obviamente verán incrementado el precio de su publicidad), de sus inversores y de la difusión espontánea de información en Internet.
Exigir el pago por reseña constituye una aberración jurídica que contradice la lógica que siempre habían aducido los partidarios de la propiedad intelectual, ya que siempre habían diferenciado la reseña de la copia. La excepción que ahora se intenta legislar comienza afectando a los agregadores de noticias, pero en buena lógica habrá de aplicarse en el futuro a cualquier otro autor, medio o servicio que realice reseñas o incluya pasajes de obra ajena. Esto, por ejemplo, es práctica habitual en cualquier medio digital o no que se dedique a la crítica literaria, así como en las revistas científicas. Lógicamente, un artículo sobre un ensayo debe incorporar extensos pasajes del mismo, ya sea para refutarlos o complementarlos. No tendría sentido que los buscadores debieran pagar por ofrecer el titular y la entradilla de una noticia, y en cambio una revista médica digital, por ejemplo, sí pudiera reproducir pasajes enteros de artículos previamente publicados por otros medios. Tampoco lo tendría que un gran buscador no pudiera ofrecer este servicio pero en cambio sí pudiera hacerlo cualquier blog, insertando apenas un sencillo widget de agregación. Además, cabe recordar que los medios de comunicación, como cualquier otro sitio web, pueden impedir de forma muy fácil que los motores de búsqueda ofrezcan su contenido. Basta introducir una sencilla línea de código para ello, si tanto les molesta que los buscadores faciliten a la gente el acceso a su contenido y les aporten tráfico gratis.
Lo que ya es el colmo es que el anteproyecto de ley exija que los pagos se realicen, no a las empresas editoras de los medios de comunicación presuntamente perjudicados, sino a las más que cuestionables entidades de gestión que las agrupan (CEDRO para los contenidos de texto y VEGAP para las imágenes). Estas entidades monopólicas, altamente privilegiadas por el Estado, son las equivalentes a la SGAE en sus respectivos sectores y forman parte del entramado de organizaciones de propiedad intelectual cuyo lobby consiguió en su momento la promulgación de la Ley Sinde e impulsa ahora el anteproyecto aprobado ayer. Este poderoso grupo de presión ha demostrado no tener el menor escrúpulo a la hora de exigir que el Estado actúe como brazo armado de sus intereses particulares, estableciendo un marco normativo liberticida que perjudica a todos para beneficio de unos pocos.
Una vez más, lo que este anteproyecto de ley pone de manifiesto es la incomprensión y el recelo de los políticos ante el flujo libre de la información, posible hoy gracias a que Internet es una red distribuida e incontrolable. Los Estados prefieren que la información esté intermediada por un número manejable de empresas editoras. Las empresas del sector de medios de comunicación, precisamente por el desmoronamiento de su modelo convencional de negocio, dependen cada día más de la publicidad institucional, de las subvenciones estatales, del crédito provisto por el sistema bancario controlado por el Estado, o de la publicidad de grandes empresas entrelazadas con el poder político. Por todo ello, la poca independencia que antaño tuvieron los medios convencionales ha terminado por desaparecer. La Secretaria de Acción Ciudadana del P-LIB, Roxana Nicula, ha declarado hoy que «si los gobiernos, incluido el español, pretenden prolongar en la era digital ese modelo ruinoso pero políticamente controlable, se equivocan» porque «Internet no va de eso; Internet es todo lo contrario: es un orden económico, social y cultural espontáneo donde cualquiera publica y difunde, y donde la información y la opinión alcanzan, en general, la expansión que un libre mercado compuesto por millones de usuarios decide en cada caso, siempre de forma descoordinada». «Ese es el valor de Internet y la clave de su éxito», ha señalado, concluyendo que «Internet es el sueño de los liberales y la pesadilla de los estatistas que intentan ponerle puertas al campo».
Si los Estados promulgan leyes a medida para perjudicar a los grandes buscadores, surgirán sin duda otros más pequeños y especializados que lograrán escapar por cualquier vericueto legal para proveer el servicio que ahora se pretende proscribir. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico y la creatividad empresarial son mucho más rápidos que la capacidad legisladora y represiva de los Estados. Internet es un entorno libre y por eso ha triunfado. Este intento de recortar su libertad fracasará como todos los anteriores. Entre otras cosas, porque pretende romper la unidad mundial de Internet compartimentando la red para someterla a las fronteras estatales y a las absurdas leyes nacionales cuya evitación es tan sencilla como utilizar un proxy, ofuscar la IP o emplear sistemas P2P para seguir ofreciendo y consumiendo el mismo servicio actual. Pero al Partido Popular, como antes al PSOE, no parece molestarle que nuestro país pueda llegar a parecerse más a Irán que a Estados Unidos, al obligar a la población a emplear recursos tecnológicos para evitar el corsé normativo estatal. Las atribuciones de control que ahora se pretende trasladar a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual son propias de un régimen dictatorial, constituyen una brecha intolerable en nuestros derechos y libertades inalienables, e interfieren ilegítimamente en el mercado.
El P-LIB reitera su oposición a las injerencias estatales que intentan monitorizar, controlar y condicionar Internet, y recuerda su Decálogo de Buenas Prácticas a este respecto. El P-LIB pide a las empresas que ofrecen servicios de búsqueda y agregación de noticias que no cedan ante esta pretensión del gobierno español, y anima a los usuarios de Internet a consumir de forma crítica una información plural, con múltiples fuentes de todos los tamaños y orígenes. Eso es justo lo que el oligopolio mediático, el monopolio de entidades de gestión y el Estado, pretenden ahora dificultar.
