El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su rechazo a las declaraciones de la directora general de Tráfico, María Seguí, sobre el uso obligatorio del casco ciclista. Aunque ha invitado a los grupos parlamentarios a debatir los pros y contras del uso obligatorio del casco en ciudad para los ciclista, parece claro que poco le importa lo que se pueda argumentar en contra de esta medida, ya que ha afirmado que es “incuestionable” el beneficio del casco ciclista e «irrefutable» la necesidad de imponer su uso mediante coerción legal y con represalias a quien no obedezca.
Derechos y libertades
Rechazamos la no extradición de Falciani
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) lamenta que la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, no haya concedido la extradición del delincuente confeso Hervé Falciani, solicitada por Suiza para procesarle por gravísimos delitos. Falciani traicionó la confianza de la entidad bancaria HSBC, para la que trabajaba, la de las autoridades suizas que le habían otorgado permiso de residencia, y sobre todo la de ciento treinta mil clientes del banco mencionado. Al hacerlo, Falciani vulneró muy gravemente la legislación helvética y las normas de la empresa que le pagaba el sueldo.
La consulta de la CE sobre armas es tendenciosa
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su preocupación por el sesgo y la parcialidad de la consulta pública que está llevando a cabo la Comisión Europea respecto al uso, tenencia y comercio de armas de fuego. La consulta contiene preguntas tendenciosas y otras con excesivos matices técnicos que dificultan la compresión para gran parte de los ciudadanos consultados. Se aprecia claramente la intencionalidad de la consulta: emplearla para justificar un nuevo intento de restringir más aún el derecho a la autodefensa. El argumentario contenido en el folleto de la Comisión Europea incurre en flagrantes contradicciones.
Hay que frenar a Sánchez Gordillo
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reprueba nuevamente el comportamiento de Juan Manuel Sánchez Gordillo. Su desprecio constante a la Justicia y su insistencia en delinquir ocupando por la fuerza de propiedades ajenas, por más que sea de forma «simbólica», no pueden quedar impunes. Si sus acciones son simbólicas, impedirlas también debe ser un símbolo claro y ejemplar. Sánchez Gordillo es diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz y alcalde perenne de Marinaleda (Sevilla), municipio que sufre un esperpéntico experimento de inmersión en el «socialismo real», explotado con importantes dosis de marketing.
Decreto totalitario sobre vivienda en Andalucía
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Andalucía considera pavoroso y totalitario el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que una vez publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma, ha entrado en vigor y nos conduce ya al socialismo más ortodoxo. Uno de los aspectos particularmente alarmantes del decreto es permitir a los ayuntamientos un recargo de hasta el 50% en el IBI a quienes dispongan de una vivienda en propiedad que, según la Administración, no haya sido ocupada durante los últimos ciento ochenta días.
No a la expropiación de viviendas
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) contempla con gran preocupación el decreto sobre vivienda aprobado anteayer por el gobierno andaluz, que sienta un precedente peligroso al permitir la expropiación «temporal» de inmuebles. Cuando el Estado impone medidas temporales que lesionan el derecho de propiedad, con frecuencia terminan por convertirse en permanentes. Incluso dentro de la lógica colectivista actual, el Consejo de Gobierno habría podido encontrar medidas de apoyo social con efectos iguales pero sin vulnerar el derecho de propiedad.
Sí al libre alquiler turístico de viviendas
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se opone frontalmente al Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que prepara el gobierno de Mariano Rajoy, ya que pretende limitar el libre alquiler de los inmuebles por parte de sus dueños, para uso vacacional. Este proyecto de ley pondría fin a la protección de los inmuebles bajo el régimen general de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y dejaría a los propietarios a merced de las diversas normativas turísticas de las comunidades autónomas, que en muchos casos son ya enormemente restrictivas respecto a este legítimo uso de los inmuebles.
Ignacio González promueve una censura inaceptable
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) madrileño deplora las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en las que se ha mostrado partidario de establecer límites a la libertad de los medios de comunicación para cuidar el «daño» que se pueda hacer a las instituciones. Los liberales pensamos que el daño a una institución se lo hacen fundamentalmente quienes la utilizan para beneficio propio, no los medios al ejercer su función de informar. Estamos, una vez más, ante un pronunciamiento de un político del PP en el que se desprecia la libertad de expresión. ¿Dónde pretende González poner la línea de la libertad?
El P-LIB pide la liberación inmediata de Jorge Bravo
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera injustificado el arresto del subteniente Jorge Bravo, Presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). El P-LIB considera que este caso es equiparable al de un preso de conciencia, ya que el motivo es haber expresado en los medios de comunicación opiniones sobre los recortes presupuestarios en las Fuerzas Armadas. En particular, lo que parece haber soliviantado al generalato o a Defensa es la intervención de Bravo en el programa “En casa de Herrero”. En este espacio de Es Radio, Bravo dijo que en las Fuerzas Armadas hay margen para el recorte de gastos superfluos.
El P-LIB, contra el nuevo reglamento de circulación
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) contempla con escepticismo el anteproyecto del Real Decreto por el que se modificará el Reglamento General de Circulación. De la propuesta del gobierno, lo único que podemos apoyar es que se contemple el aumento del límite de velocidad hasta los ciento treinta kilómetros por hora en algunos tramos. Es un avance claramente insuficiente pero va en la buena dirección, aunque lamentamos que la implementación de la medida vaya a quedar a criterio de cada jefatura territorial, con la consiguiente disparidad de resultados que confundirá a los usuarios de las carreteras y podría requerir una proliferación excesiva de señales y cambios de velocidad.