Esta semana la Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barcelona, dio el visto bueno para modificar de forma inmediata, las ordenanzas municipales en el ámbito de la convivencia ciudadana y usos de los espacios públicos. A propuesta del Partido Popular (PP) y con el apoyo de Convergencia i Unió (CiU), se prevé endurecer las multas y restricciones contra el ejercicio de la prostitución en la ciudad. En este sentido se actuará contra las prostitutas y sus clientes imponiéndoles multas comprendidas entre los 300 y 3.000 euros.
Eduardo Martínez Narváez, Coordinador General del P-LIB en Cataluña, ha declarado que “la prostitución es un oficio como cualquier otro, y debe ser tratado desde las instancias oficiales en igualdad de condiciones que el de panadero, abogado, enfermera o concejal”.
La prostitución no se encuentra regulada legalmente en España, por lo cual con frecuencia se producen casos de explotación y violación de la libertad de las personas, por parte de mafias y organizaciones criminales que suman a la trata de blancas, otras actividades que tampoco cuentan con una legislación específica para su ejercicio, como el tráfico de drogas, por ejemplo.
“La solución no pasa por incrementar la persecución policial contra quienes escogen libremente dedicarse a esta profesión. Debe promulgarse una legislación específica que permita el libre ejercicio de la prostitución con total normalidad, evitando así que las personas deban recurrir a la clandestinidad, ni queden a expensas de grupos de delincuencia organizada que esa falta de regulación propicia” expresó Martínez.
Está previsto que la modificación en la ordenanza de civismo se realice antes del verano, coincidiendo con la temporada de mayor ocupación turística en la ciudad de Barcelona.
