El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que el acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales, que Rodríguez Zapatero pretende escenificar hoy con solemnidad y ribetes de acuerdo histórico, es en realidad un acuerdo estéril. Lo es, en primer lugar, porque sólo se ha quedado en eso, en un acuerdo de un gobierno débil y acabado con unos agentes sociales deslegitimados, sin incluir en su gestación ni a la oposición política ni, mucho menos, a la sociedad civil. Y lo es también porque la práctica totalidad de las medidas adoptadas constituyen otra vuelta de tuerca para parchear el sistema colectivista caracterizado por un Estado enorme y despilfarrador que hace y deshace a su antojo en la economía y en nuestras vidas. La pésima reforma del sistema de pensiones, sobre la que el P-LIB se pronunció tan pronto como fue conocida, es la principal de esas medidas pero no la única. Los otros dos capítulos del acuerdo, referidos a las políticas activas de empleo y a la política energética y de innovación incurren en el estatalismo, el dirigismo económico y la incapacidad de afrontar con valentía los retos a los que nos enfrentamos. De igual manera, el acuerdo bilateral entre el gobierno y los sindicatos respecto al funcionariado no resuelve nada ya que dificulta la necesaria reducción masiva de la plantilla de las administraciones públicas.
No es con acuerdos a bombo y platillo ni con grandes consensos ostentados (que ni siquiera lo son en realidad) como se devolverá a los inversores españoles y extranjeros la confianza necesaria en la economía, sino sacando de ésta el factor perturbador que la distorsiona: el Estado.
El P-LIB reitera que la única solución a los grandes males de nuestra economía es devolvérsela a sus dueños y protagonistas: los individuos y sus agrupaciones voluntarias. Para ello el Estado debe transitar de forma ordenada y estructurada hacia su propia minimización; el sistema de pensiones debe sustituirse por uno de capitalización individualizada a favor de cada trabajador; los servicios esenciales deben ser gestionados en libertad por una pluralidad de empresas prestadoras, estableciéndose un sistema de cheques para garantizar la universalidad; nuestras normas y cultura deben proscribir cualquier intento de salvar con el dinero de todos a las empresas de algunos; el Estado debe salir urgentemente de la industria y de la banca, privatizar todas las empresas de titularidad pública y dar marcha atrás respecto a los planes de nacionalización de las cajas; la deuda pública y los impuestos (que deben ser proporcionales) tienen que verse fuertemente limitados mediante topes constitucionales para protegernos de la rapiña del hiperestado y de sus administradores; y se hace cada vez más urgente un cambio de paradigma sociopolítico que despierte a la sociedad del letargo colectivista antes de que se convierta en un coma irreversible.
