El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) condena sin paliativos la estrategia de Mariano Rajoy ante el pleno extraordinario del Congreso y su persistencia en aferrarse a cualquier precio al cargo. Rajoy ha tratado de mezclar sus explicaciones sobre el caso Bárcenas con cuestiones de política general que no hacían al caso. Ha intentado también hacer ver que acudía voluntariamente y no acosado por las circunstancias. Y, cuando por fin ha hablado de los gravísimos indicios que pesan sobre él y sobre su partido, y de las acusaciones que formula el imputado desde la prisión, no ha sido capaz de ofrecer ni una sola explicación convincente.
No ha respondido a las preguntas que hoy se formula la ciudadanía, por ejemplo las recogidas y precisadas de forma bastante clara por el diario El Mundo en su edición de hoy. No ha respondido tampoco, más que con evasivas y contraacusaciones, a las preguntas que le ha formulado la oposición parlamentaria. No ha presentado un solo argumento que refute lo dicho por el reo ni que aclare las evidencias que parecen señalar la comisión continuada de graves delitos de corrupción en el PP, como la aceptación de cuantiosas donaciones a cambio de favores políticos o el cobro ilegal de sobresueldos en su caso personal y en el de otros dirigentes. Y sobre todo, ha tratado de mezclar la responsabilidad política con la penal, como si los motivos que llevan a la ciudadanía a pedir su renuncia fueran los de índole penal. No es así. Es la grave responsabilidad política que sobre él pesa, la que lleva a infinidad de personas y organizaciones, incluido el P-LIB, a considerar que hoy el señor Rajoy no está en condiciones de ejercer la presidencia del gobierno, que la desprestigia y nos perjudica a todos.
Acierta el señor Rajoy al decir que el parlamento no debe juzgarle. Las responsabilidades penales se dirimen en los tribunales, y no nos cabe duda de que así ocurrirá también en este caso. Pero la responsabilidad política es siempre mucho más amplia que la mera ausencia de responsabilidades de índole penal. La presunción de inocencia es un concepto jurídico, no político, y obviamente no es aplicable a la confianza de los ciudadanos ni a la de los mercados. Cuando pesan graves indicios sobre un político, no vale escudarse en la no atribución, por ahora, de responsabilidades penales. Es imprescindible aclarar el fondo de las cuestiones y hacer que pesen tanto en el ánimo ajeno las contraargumentaciones ofrecidas como los indicios esgrimidos por quien acusa. Y si eso no se consigue, la sombra de la sospecha se extiende sin duda y sin piedad sobre el político, e incluso si a la postre se demuestra injusta, obliga ya a tomar decisiones que salvaguarden las instituciones. La responsabilidad política es muy anterior y superior a la existencia o no de responsabilidades en el ámbito judicial, y el señor Rajoy podrá recuperar su buen nombre si al final del proceso judicial se demuestra que sobre él no hubo nada. Podrá incluso volver en olor de multitud a la presidencia del gobierno. Pero hoy, no. Hoy debería dimitir porque eso es lo que exigen su responsabilidad política personal y el interés del país. Y, como no quiere hacerlo, pesa sobre los diputados del Partido Popular, que en su día le eligieron para la función que ocupa, sustituirle en ella.
El PP tiene mayoría absoluta, no para que Rajoy gobierne, sino para que el propio PP en su conjunto ejerza el poder político encargando a una persona la formación de gobierno y el cumplimiento desde el Ejecutivo del programa electoral vencedor. Es mucho menos relevante a qué persona concreta se coloque por esa vía en La Moncloa, en virtud de la mayoría parlamentaria existente, o cuántas veces sea sustituida. Pero si el PP se aferra a la lealtad personal mal entendida, seguirá cayendo en picado y por el camino erosionará gravemente nuestra política, nuestro prestigio y nuestra economía. Vivimos en un sistema parlamentarista, no presidencialista. Rajoy debe ser destituido por su grupo parlamentario, que se debe a sus electores y no a él, y que debe proponer a la cámara un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. La erosión institucional que esto pueda causar es efímera y menor, frente a la erosión ya insoportable que produce la continuidad del presidente actual.
El P-LIB, tras escuchar a Mariano Rajoy y el debate desarrollado hoy, se ratifica por tanto en sus comunicados de los pasados días 14 y 16 de julio y en su firme e indignada exigencia a los diputados del PP para que intervengan sin dilación y, de la manera que dispone la Constitución, cambien el presidente del gobierno.
