El Partido Libertario (P-LIB) reafirma su propuesta de la total separación del sector bancario del poder político tras el último episodio del saqueo de catorce millones de euros de Caja Madrid, hoy bajo el nombre de Bankia. Los libertarios nos sumamos al clamor de la opinión pública y de los medios de comunicación contra la financiación que Miguel Blesa, presidente del consejo de administración de Caja Madrid hasta 2009, habría entregado mediante una serie de convenios a diferentes proyectos de las fundaciones de varios partidos políticos y sindicatos entre los que se encuentran: PP, PSOE, IU, y Comisiones Obreras.
Banca
Ante el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de la Comunidad de Madrid expresa su indignación ante el caso de las tarjetas opacas. Es escandaloso el uso que han hecho de las cajas de ahorros la clase política y los sindicatos y patronales. Bankia, antaño Caja Madrid, ha sido utilizada para la compra de favores políticos, para sufragar inversiones ruinosas y para el soborno habitual privilegiando a consejeros del más diverso origen mediante diversos instrumentos, como las tarjetas opacas. El P-LIB defiende la separación de economía y política, asegurando que esto no pueda volver a ocurrir porque el control corresponda siempre a los accionistas.
Ante la compra de Catalunya Banc por el BBVA
Versió catalana més abaix. El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) catalán, ante la noticia de la compra de Catalunya Banc por BBVA, por un importe de 1.187 millones de euros y tras haber costado su rescate más de 12.600 millones, se reafirma en su rechazo a todo tipo de rescates a la banca y a cualquier otra empresa por parte del gobierno español con el dinero de los contribuyentes. El Coordinador General del P-LIB en Cataluña, Rubén Sandamil, ha expresado hoy su total oposición a los rescates estatales de entidades bancarias con el dinero fiscalmente tomado de los contribuyentes.
No a la limitación del crowdfunding
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con el más absoluto rechazo la última ocurrencia liberticida del gobierno de Mariano Rajoy, que pretende ahora limitar el flujo de fondos libremente destinados por los ciudadanos a todo tipo de proyectos mediante las plataformas de financiación participativa o crowdfunding. Las exigencias que establece el borrador del anteproyecto pretenden establecer que las nuevas plataformas de financiación participativa tengan un capital social de al menos 50.000 euros. Se exige también un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 150.000 euros anuales.