Versió catalana més abaix. El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) catalán, ante la noticia de la compra de Catalunya Banc por BBVA, por un importe de 1.187 millones de euros y tras haber costado su rescate más de 12.600 millones, se reafirma en su rechazo a todo tipo de rescates a la banca y a cualquier otra empresa por parte del gobierno español con el dinero de los contribuyentes. El Coordinador General del P-LIB en Cataluña, Rubén Sandamil, ha expresado hoy su total oposición a los rescates estatales de entidades bancarias con el dinero fiscalmente tomado de los contribuyentes.
Mercado
Ante la intervención de Emmasa
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) canario lamenta el anuncio hecho por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que comunica la intervención de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), para «reconducir su gestión de forma correcta y en base a los resultados de la auditoria de gestión y a los informes jurídicos municipales”. A los liberales libertarios nos resulta digno de carcajada que se hable de la intervención de una empresa municipal cuando, al ser un monopolio concedido por el Ayuntamiento, ésta no merece ni siquiera llamarse empresa.
Con Uber y frente al Ayuntamiento de Barcelona
Versió en català més abaix. El Partido Libertario (P-LIB) catalán, ante las recientes actuaciones policiales para detectar las operaciones de la compañía Uber por orden del Ayuntamiento de Barcelona, denuncia el atropello a la libertad que supone para los usuarios y la propia empresa Uber, una compañía que ofrece poner en contacto a viajeros y conductores para que compartan trayecto en sus vehículos. El P-LIB denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona dé orden a la policía de activar un protocolo de actuación para perseguir a usuarios de Uber, como si fueran delincuentes al miemo tiempo que la Generalitat prohibió a Uber funcionar en Barcelona.
Ante la venta del Valencia CF
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que las gestiones realizadas por la Generalitat Valenciana para la venta del Valencia Club de Fútbol son una estafa a todos los ciudadanos. En primer lugar, ningún equipo de fútbol, ni de cualquier otro deporte, debe ser rescatado con dinero público, como hizo en su momento el gobierno autonómico. Bancos y clubes deportivos deben ser gestionados de manera privada y ser sus accionistas quienes carguen con las pérdidas o se beneficien de las ganancias. El gobierno de Fabra socializó las pérdidas de un club deportivo, a través de su apoyo a la Fundación del Valencia.
El P-LIB apoya a los servicios de coche compartido
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se opone a las medidas que acaba de adoptar el Ministerio de Fomento contra la legítima actividad privada de compartir transporte en vehículos particulares, repartiendo los gastos correspondientes. La proliferación de plataformas online que facilitan el contacto entre los viajeros y los propietarios de vehículos es un signo de la vitalidad del mercado libre y de los acuerdos espontáneos entre los ciudadanos. Internet empodera al individuo, le evita intermediarios y le facilita formas de interacción no convencionales que molestan a los beneficiarios del statu quo previo, pero que son perfectamente lícitas.
Por la libertad de alquilar o no
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) mallorquín comparte la preocupación expresada por los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Palma en relación con el segmento de población que no puede acceder a la vivienda, coincidiendo con la existencia de un gran parque de pisos vacíos. Carlos Cabeza, Coordinador Insular del P-LIB en Mallorca, ha afirmado que «compartiendo ese interés humanitario, discrepamos absolutamente de las soluciones coercitivas» que han surgido en uno de los últimos plenos del consistorio palmesano.
No a la limitación del crowdfunding
El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con el más absoluto rechazo la última ocurrencia liberticida del gobierno de Mariano Rajoy, que pretende ahora limitar el flujo de fondos libremente destinados por los ciudadanos a todo tipo de proyectos mediante las plataformas de financiación participativa o crowdfunding. Las exigencias que establece el borrador del anteproyecto pretenden establecer que las nuevas plataformas de financiación participativa tengan un capital social de al menos 50.000 euros. Se exige también un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 150.000 euros anuales.
