El Partido Libertario (P-LIB) condena enérgicamente la actuación policial contra los asistentes a las concentraciones frente a las sedes del PSOE, actuaciones que el ministro en funciones del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asumido como propias sin dar justificación de las medidas empleadas, como el uso de gas lacrimógeno. Aun tratándose de concentraciones sin comunicación previa, los medios empleados para su disolución han sido claramente desproporcionados.
Condenamos esta actuación de la policía, como condenamos en su momento la brutal represión del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Además, rechazamos los motivos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez para apoyar la amnistía que está en el origen de estas manifestaciones. Sánchez, que antes de las elecciones rechazaba categóricamente su aprobación, ha vuelto a tener uno de sus célebres cambios de opinión, tras necesitar el apoyo de Junts para continuar como presidente del Gobierno otra legislatura más. Por si no había quedado suficientemente claro con su historial previo, Sánchez pactará con quien haga falta y lo que haga falta para perpetuarse en el poder.
Sin embargo, con independencia de los motivos de Sánchez, discrepamos de las razones de fondo de los manifestantes.
Las amnistías son, y deben ser, mecanismos muy excepcionales, pero que ocurren en algunas ocasiones en países que se califican habitualmente de “Estados de derecho”. Lógicamente, dada su excepcionalidad, deben tener un motivo que las justifique. Consideramos que este es el caso.
Con independencia de nuestra postura sobre la autodeterminación, reconocemos que, en España, la legislación vigente impide claramente la secesión de una parte del territorio. Además, atribuye exclusivamente a la administración central la gestión de cualquier votación. Por ello, es evidente que la celebración del referéndum del 1 de octubre no siguió los cauces legales, y que la declaración de independencia posterior fue un acto legalmente nulo.
Sin embargo, no se trató de un acto de sedición, ya que, con independencia de la existencia de disturbios, no se organizó desde la Generalitat ningún alzamiento para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes, ni mucho menos de rebelión (sí de un uso indebido de fondos o medios públicos). Se ha calificado en ocasiones de “conspiración contra España” la negativa de algunos países europeos a aplicar la extradición con esta base. En realidad, esta negativa responde más bien a la dificultad de aplicar estos cargos fuera del contexto español. Es posible que, si en España existiera una verdadera separación de poderes, el fallo judicial hubiera sido distinto. La amnistía de ahora no deja de ser el resultado de haber intentado zanjar entonces un problema político de forma exclusivamente judicial.
El Partido Libertario no simpatiza con el nacionalismo político, sea este catalán o español. Por lo que discrepamos profundamente de los objetivos de los dirigentes independentistas catalanes. Pero sí defendemos el derecho de autodeterminación con base en la libre asociación entre personas, con independencia de que estas tengan o no una lengua o cultura común, y el establecimiento de procedimientos legales para esta aspiración.
Con independencia de esto, consideramos que la situación de fractura en la sociedad catalana en particular, y en la española en general, requiere de la voluntad de cerrar heridas, de recuperar el diálogo, y de quitar el protagonismo político a quienes, como la CUP, han defendido reiteradamente el ejercicio de la violencia en las calles.
Por lo que, a pesar de los motivos interesados de Sánchez, defendemos la amnistía. Y, obviamente, el derecho de todos aquellos que la rechazan a manifestarse pacíficamente.
