por Miguel Díaz
La respuesta obvia y corta sería que, en efecto, puede funcionar. Sin embargo, el problema de los planteamientos de este tipo radica en su aplicación, y por supuesto en las medias verdades que pueden inclinar la opinión pública hacia un lado u otro.
Un ejemplo concreto de esto es cuando vemos a Yolanda Díaz, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, prometiendo una reducción de jornada. En un país como España, con alrededor de trece millones de trabajadores por cuenta ajena, no todos se toman el tiempo de analizar críticamente estas propuestas políticas. A primera vista, estas propuestas pueden parecer bastante beneficiosas, ya que prometen que trabajaremos menos y ganaremos lo mismo, lo que podría generar una sensación generalizada de satisfacción.
Entonces… ¿Cuál es el inconveniente?
El problema radica en lo de siempre: ¿quién paga la cuenta?
Rara vez se toman el tiempo de explicar que una reducción del 6% en el horario laboral de todos los trabajadores que dependen de un empleador tiene un impacto directo en la economía de los empresarios. Esto afecta los niveles de producción, los costos de contratación y otros factores colaterales que, lógicamente, la mayoría desconocen, ya que el emprendimiento no es parte del pensamiento colectivo en este país.
Lo cierto es que, a medio o largo plazo, el impacto que esto puede tener en la economía global va a impactar directamente en la economía familiar de todos los que trabajamos bajo contrato. Una disminución en la producción se traduce en una menor oferta, y una menor oferta en un mercado con la misma demanda conduce a la inflación. Además, una reducción en las horas trabajadas implica costos de contratación más altos.
¿Y por qué le suena tan bien este plan a muchos?
Por una parte, está lo antes mencionado. Si no hemos tenido una empresa, y por lo tanto crecemos escuchando que la culpa de que existan pobreza radica en los empresarios, es normal tender a pensar que todo lo que perjudique al empleador beneficia al empleado.
Pero pongamos un poco de perspectiva – hay cerca de tres millones de PYMES en el país, de las cuáles tres cuartas partes se dedican al sector de servicios. Es decir, más de dos millones de negocios pequeños o medianos se dedican a la restauración, hostelería, venta de bienes o servicios, etc. En otras palabras: bares, tiendas de barrio y pequeños negocios. Se alejan mucho de la visión de un gran explotador.
Con esto en mente, pongamos un ejemplo básico. Un pequeño negocio quiere abrir cinco días a la semana, doce horas al día: diez de la mañana a diez de la noche.
Ese pequeño negocio, con un modelo de contratación de cuarenta horas podría cubrir los dos turnos con dos empleados (uno de cuarenta y otro de veinte horas semanales). Con la nueva propuesta esto sería matemáticamente imposible, y abre varias opciones:
- Contratar una tercera persona: esto suena maravilloso, pero todo el que haya tenido un pequeño emprendimiento sabe lo que implica incrementar la plantilla exponencialmente de la noche a la mañana, así que esto no sería viable.
- Incrementar las horas de la persona que cubre la jornada parcial: esto sin embargo tendría un coste mayor que el anterior asociado puesto que al reducir la jornada sin reducir sueldo, cada hora de contratación es más cara.
- Reducir las horas de apertura: al no poder cubrir todas las doce horas, se podría implementar una jornada partida, o simplemente abrir o cerrar el comercio en un horario distinto.
Por no alargarlo, tomemos estas tres opciones, donde la más viable parecería ser la tercera. Pero analizando los dos lados de la historia, menos horas de apertura de un negocio se traduce normalmente en menos ingresos, menor producción, con menores ingresos.
No solo se merman los beneficios, sino la capacidad de generar incentivos mayores a los empleados. O lo que es lo mismo, no habría expectativas de bonificaciones o incrementos salariales por las dificultades añadidas que enfrentaría el empleador.
En definitiva, aplicar de manera autoritaria una medida de esta magnitud, solamente puede llevar a una mayor precariedad e inflación. Lo que sonaba bien en un principio termina por lapidar las aspiraciones de las dos partes implicadas.
¿Dónde está la trampa?
Los defensores de esta medida alaban su éxito en otras economías, aunque no reconocen que la verdadera palanca de crecimiento económico es la apertura del mercado, un tema aparte. Lo que convenientemente olvidan es que estas medidas suelen aplicarse de forma temporal y condicionada. Por un lado, se establece un período para evaluar la funcionalidad de la medida, y por otro, se limita su aplicación a sectores específicos. Además, en algunos casos, se establecen contrapartidas, como mantener los niveles de producción o reducir la cantidad de días de vacaciones en función de las horas reducidas en el horario laboral estándar.
Por supuesto, nadie se espera que Yolanda Díaz implemente este tipo de restricciones. No la verán exigirle al obrero que trabaje más duro durante menos horas para compensar la medida, o al agente de atención al cliente que haga más llamadas o resuelva más casos en el mismo tiempo para que no haya un impacto negativo a sus respectivos empleadores. Y sería un verdadero suicidio político ofrecer esta medida reduciendo la cantidad de días de vacaciones o si quiera eliminar algunos festivos nacionales, en función de equiparar los niveles de producción.
Finalmente, respondiendo a la pregunta que nos trajo hasta aquí, queda claro que puede funcionar una jornada de menos de cuarenta horas. Lo que puede no funcionar es una medida como esta aplicada desde el intervencionismo estatal, puesto que siempre que se permite que un gobierno influya en la economía, termina impactando negativamente. Las jornadas laborales flexibles, reducidas o intensivas, de variados tipos y modelos, pueden funcionar siempre que se acuerden de manera voluntaria entre las partes involucradas y se comprendan las limitaciones de cada sector.
De la misma forma que un camarero no puede teletrabajar, hay empresas que simplemente no pueden adaptarse a esta medida y mantener su aportación a la sociedad intacta.
