Ante la actuación del Juez Santiago Pedraz, que ha ordenado el “bloqueo” de la aplicación Telegram para que sus servicios sean inaccesibles en todo el territorio español, desde el Partido Libertario deseamos manifestar nuestra profunda preocupación y nuestro rechazo por esta medida.
Las instituciones del Estado están obligadas a velar por el buen funcionamiento de la sociedad civil, los mercados libres y el legítimo ejercicio de las libertades que nos son propias a los ciudadanos. Es completamente inadmisible que, desde ellas, se lleven a cabo actuaciones que impiden ejercitar libremente los derechos que nos corresponden, y hacer uso de los servicios que contratamos de manera legítima, por la simple sospecha de que alguno de esos servicios pueda ser utilizado para contravenir las leyes.
Esta clase de medidas desproporcionadas, además de dañar la imagen de la administración de justicia, nos acerca a países bananeros y dictaduras infames. En esta clase de regímenes los derechos de los ciudadanos son sistemáticamente despreciados en favor de los intereses políticos más abyectos, cuando no en el de los lobies económicos más despreciables. No podemos permitir que eso comience a pasarnos también a nosotros, sin levantar nuestra voz en contra de semejante atropello.
Del mismo modo que sería absurdo cerrar el metro porque en él se producen a diario hurtos y robos con violencia, no tiene sentido alguno cerrar una red social porque algunos puedan usarla para llevar a cabo conductas legalmente punibles. Tal como se hace en otros casos, corresponde a los denunciantes y la fiscalía detectar e identificar a quienes cometan actos ilícitos.
