Vivimos en una sociedad en la que el Estado acapara enormes recursos de la sociedad civil, según se dice, para garantizar a la población unos servicios esenciales, de forma destacada las cuestiones relacionadas con la seguridad.
Los desastres naturales son algo que la humanidad lleva sufriendo desde siempre, Por desgracia seguirán ocurriendo, y es evidente que no se puede responsabilizar a las instituciones de que se produzcan.
Pero sí se puede y se debe exigir a las instituciones, que haya medidas de prevención, y que se pongan en funcionamiento tan pronto como haya indicios de alerta.
La atmósfera no es un reloj, y la meteorología trabaja con probabilidades. Puede que se produzca una alerta que finalmente quede en nada. Y que se movilicen recursos que finalmente (y por fortuna) no sean necesarios. Pero igualmente es responsabilidad de las instituciones prevenir el riesgo antes de que se produzca el desastre y no después, siempre que haya indicios de que se va a producir.
En los últimos días hemos visto a responsables políticos, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, culpando de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana y provincias limítrofes a la previsión meteorológica.
Mienten.
Las previsiones meteorológicas, que funcionan de forma continua, ya daban avisos de situación de riesgo desde el jueves de la semana pasada. De hecho, algunas instituciones universitarias y municipales, en el uso de sus competencias, ya suspendieron las clases con anticipación para el martes 29, no porque tuvieran dotes de adivinación, sino simplemente porque prestaron atención a dichos avisos.
Pero la Generalitat Valenciana no dio la señal de alarma hasta después de que el desastre ya se hubiera iniciado, dejando por tanto a los ciudadanos indefensos ante sus efectos. El presidente valenciano solicitó la incorporación del ejército a las labores de ayuda a la población, pero lo hizo nada menos que dos días después.
Por su parte, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, rechazó la creación de un mando único, a pesar de que las zonas afectadas excedían a la Comunidad Valenciana, y aún ante la inacción de la Generalitat; mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la ayuda de bomberos franceses ofrecida por su homólogo francés, Bruno Retailleau.
Ni ayudan, ni dejan ayudar.
Por cierto, que Francina Armengol, desde la presidencia del Congreso de los Diputados, suspendió el pleno de control al Gobierno por motivo de la DANA, pero curiosamente, sí se ha mantenido el pleno para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, algo que según parece les parecía prioritario.
Ninguna de estas críticas va dirigida al personal de los servicios de emergencia, que actúan según las órdenes que se les dan, y cuyos integrantes están trabajando a destajo para normalizar la situación. Van dirigidas a su dirección política
Porque, a pesar de los casos de saqueo que por desgracia ocurren en todos los desastres, quienes sí ha respondido sin dudarlo no han sido los responsables políticos. Han sido los ciudadanos de a pie, residentes en las zonas afectadas que han ayudado a sus vecinos, numerosas personas de zonas próximas que se han desplazado para hacerlo, y personas que han enviado ayuda en la medida de sus posibilidades.
No es posible saber aún, si es que llegamos a saberlo exactamente alguna vez, cuántas pérdidas de vidas se podría haber evitado de haberse tomado a tiempo las medidas oportunas. Lo que está claro es que no son pocas.
El Partido Libertario exige la dimisión tanto el Gobierno Valenciano como del Gobierno central. Sin perjuicio de que sus integrantes individuales respondan ante la justicia por sus decisiones o por la falta de ellas.
